Tercer ejercicio del examen de Técnicos de Hacienda

Recargo extemporáneo del 4 %: 400 €, sin sanción ni intereses. El plazo acabó el 20 de julio (art. 71.4 del Reglamento del IVA) y presenta e ingresa el 25 de octubre sin requerimiento previo: tres meses completos de retraso, 1 % + 3 × 1 % = 4 %; 10.000 × 4 % = 400 € (arts. 27.2 y 191.1 LGT). Como ingresó al presentar, se reduce un 25 % si paga el recargo en el plazo que abre su liquidación (art. 62.2 LGT): 400 × 75 % = 300 € (art. 27.5 LGT).

Dos recargos, de 100 € y de 1.000 €, y ninguna sanción (art. 191.1 LGT). El plazo acabó el 20 de julio (art. 71.4 del Reglamento del IVA) y presenta el 21, un día tarde y sin ingresar.

• Recargo extemporáneo (art. 27.2 LGT): sin mes completo de retraso, 10.000 × 1 % = 100 €, sin reducción (no ingresó al presentar, art. 27.5) y compatible con los del periodo ejecutivo (art. 27.3).
• Recargo de apremio reducido (art. 28.3 LGT): el periodo ejecutivo empieza el 22 de julio, día siguiente a la presentación (art. 161.1.b). Paga deuda y recargo dentro del plazo fijado en la providencia, hasta el 20 de septiembre o el hábil siguiente (art. 62.5.a): 10.000 × 10 % = 1.000 €, sin intereses de demora (art. 28.5).

Según el artículo 37.2 de la Ley 47/2003, General Presupuestaria, al proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado, que se remite a las Cortes Generales antes del 1 de octubre del año anterior (artículo 37.1), se acompaña esta documentación complementaria:

• a) Las memorias descriptivas de los programas de gasto y sus objetivos anuales.
• b) El informe de impacto de género.
• c) El informe del impacto en la infancia, en la adolescencia y en la familia.
• d) El informe de alineamiento de los Presupuestos Generales del Estado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030.
• e) Un anexo con el desarrollo económico de los créditos, por centros gestores de gasto.
• f) Un anexo plurianual de los proyectos de inversión pública, con su clasificación territorial.
• g) La liquidación de los presupuestos del año anterior y un avance de la del ejercicio corriente.
• h) Las cuentas y balances de la Seguridad Social del año anterior.
• i) Los estados consolidados de los presupuestos.
• j) Un informe económico y financiero, que explica el contenido de cada presupuesto y sus principales modificaciones respecto de los vigentes.
• k) Una memoria de los beneficios fiscales.

No hay responsabilidad en los cinco supuestos del artículo 179.2 LGT, en los que la acción u omisión tipificada no se sanciona:

• Falta de capacidad de obrar en el orden tributario (letra a).
• Fuerza mayor (letra b).
• Decisión colectiva, para quienes hubieran salvado su voto o no hubieran asistido a la reunión en que se adoptó (letra c).
• Diligencia necesaria en el cumplimiento de las obligaciones (letra d). Se entiende puesta, entre otros casos, cuando el obligado actúa amparado en una interpretación razonable de la norma o ajusta su actuación a los criterios de la Administración competente en las publicaciones y comunicaciones escritas de los artículos 86 y 87 LGT. Tampoco hay responsabilidad si sigue los criterios de la contestación a una consulta de otro obligado, cuando exista igualdad sustancial de circunstancias y no hayan sido modificados. En los supuestos del artículo 206 bis LGT (conflicto en la aplicación de la norma) no se aprecia, salvo prueba en contrario, ni la diligencia debida ni la interpretación razonable.
• Deficiencia técnica de los programas informáticos de asistencia facilitados por la Administración tributaria (letra e).

De las ocho rentas solo está exenta la indemnización judicial de Don José; las otras siete tributan.

• Sueldo de Don José (50.000 €): no exento. Es rendimiento íntegro del trabajo (artículo 17.1.a) LIRPF) y ninguna letra del artículo 7 lo ampara.
• Sueldo de Doña María (58.000 €): no exento, por la misma razón (artículo 17.1.a).
• Pensión de Doña Ana (22.000 €): no exenta. Se cobra «por haber trabajado»: es una pensión de jubilación, rendimiento del trabajo (artículo 17.2.a).1.ª). El artículo 7.f) solo exime las prestaciones por incapacidad permanente absoluta o gran invalidez, y la discapacidad del 65 % no la convierte en una de ellas.
• Ayuda autonómica para el centro de día (3.000 €): no exenta. El artículo 7.i), párrafo segundo, exime estas ayudas públicas a personas con discapacidad igual o superior al 65 %, pero solo si el resto de sus rentas no excede del doble del IPREM, y la pensión de 22.000 € lo supera (2 × 8.400 = 16.800 €, aun con el cómputo anual más alto). Tributa como ganancia patrimonial (artículo 33.1). Otra cosa sería la prestación vinculada al servicio de la Ley 39/2006, exenta sin límite de rentas (artículo 7.x), que el enunciado no describe.
• Ayuda familiar del colegio (4.000 €): no exenta. El artículo 7.z) exime las prestaciones y ayudas familiares percibidas de las Administraciones Públicas; esta la paga el empleador por razón del empleo y es rendimiento del trabajo (artículo 17.1). El enunciado no dice si el colegio es público: si lo fuera, la letra del artículo 7.z) permitiría defender la exención, pero la ayuda no nace de un régimen público de protección a la familia, sino de la relación de empleo.
• Ayuda familiar del hospital (2.000 €): no exenta. La paga una empresa privada a su empleada: queda fuera del artículo 7.z) y es rendimiento del trabajo (artículo 17.1).
• Indemnización por el accidente (200.000 €): exenta entera. Es responsabilidad civil por daños personales en la cuantía judicialmente reconocida (artículo 7.d), párrafo primero), sin tope: el de 180.000 € es solo del despido.
• Indemnización por despido (10.000 €): no exenta. El artículo 7.e) exime la cuantía obligatoria del Estatuto de los Trabajadores y excluye la fijada «en virtud de convenio, pacto o contrato»; tributa como rendimiento del trabajo. El enunciado sitúa antes a Doña María en un hospital privado y aquí en el universitario de su Comunidad: el resultado no cambia.

Quedan exentos 30.000 €. La ganancia por transmitir la vivienda habitual se excluye de gravamen si el importe total obtenido se reinvierte en otra vivienda habitual (artículo 38.1 LIRPF); la compra del 1 de diciembre cae en el plazo de dos años (artículo 41.3 RIRPF). Al reinvertirse 150.000 € de los 200.000 € obtenidos, solo se exime la parte proporcional (artículos 38.1 LIRPF y 41.4 RIRPF): 40.000 × 150.000 / 200.000 = 30.000 €; los otros 10.000 € tributan. «El año actual» se toma como el de la venta; y, sin préstamo pendiente, lo obtenido son los 200.000 € (artículo 41.1 RIRPF).

Base imponible de 2025: 432.550 €. El resultado contable (200.000 €) se corrige conforme al artículo 10.3 LIS:

• a) Establecimiento permanente: ajuste positivo de 525.000 €. Las rentas negativas derivadas de la transmisión de un establecimiento permanente no se integran en la base imponible (artículo 22.2, párrafo segundo, vigente desde 2017); solo son deducibles las generadas por su cese.
• b) Dividendo alemán: ajuste negativo de 223.250 €. Está exento (artículo 21.1): participación del 100 % (se exige el 5 %) poseída más de un año, y el requisito de tributación se da por cumplido al residir la filial en un país con convenio con cláusula de intercambio de información. La exención efectiva es del 95 %, porque el artículo 21.10 reduce el dividendo exento un 5 % por gastos de gestión: 235.000 × 95 % = 223.250 €.
• c) Participación en BABAXX: sin ajuste. El artículo 21.3 exige tener al menos el 5 % el día de la transmisión; con un 3,5 % los 75.000 € tributan, aunque se cumpla el requisito de tributación del 10 %.

Base previa: 200.000 + 525.000 − 223.250 = 501.750 €.

Reserva de capitalización (artículo 25.1, en la redacción de la Ley 7/2024, aplicable a los períodos iniciados desde el 1-1-2025 y hoy vigente): 20 % × 346.000 = 69.200 €, bajo el límite del 20 % de la base previa (501.750 × 20 % = 100.350 €). Se reduce entera: 501.750 − 69.200 = 432.550 €.

Solo procede regularizar en 2022 (deducción complementaria de 400 €) y en 2024 (ingreso de 540 €). Los ordenadores son bienes de inversión (artículo 108 de la Ley 37/1992, LIVA: al 21 %, 4.761,90 € de base por unidad, más de 3.005,06 €) y sus cuotas se regularizan en los cuatro años naturales siguientes al de adquisición, de 2021 a 2024, solo si la prorrata definitiva del año difiere en más de diez puntos de la de 2020 (artículo 107.Uno). La deducción de 2020 fue de 10.000 × 70 % = 7.000 €, y la cuenta es la del artículo 109: deducción inicial menos la que correspondería con la prorrata del año, dividido entre cinco.

• 2021 (64 %): 6 puntos de diferencia; no se regulariza.
• 2022 (90 %): 20 puntos. (7.000 − 10.000 × 90 %) / 5 = (7.000 − 9.000) / 5 = −400: deducción complementaria de 400 €.
• 2023 (75 %): 5 puntos; no se regulariza. El ordenador perdido todavía contaría este año, porque el artículo 107.Seis solo excluye los años posteriores al de la pérdida.
• 2024 (40 %): 30 puntos. El ordenador perdido ya no se regulariza (artículo 107.Seis) y quedan nueve, con 9.000 € de cuota: (9.000 × 70 % − 9.000 × 40 %) / 5 = (6.300 − 3.600) / 5 = 540 € a ingresar.
• 2025 (45 %): hay 25 puntos de diferencia, pero el periodo de regularización terminó en 2024; no procede.

Los dos importes se llevan a la última declaración-liquidación de su año (artículo 107.Siete). Se entiende, a falta de otro dato, que los ordenadores se empezaron a usar en 2020.

El artículo 10.1 de la Ley 38/1992, de Impuestos Especiales, sin perjuicio de los supuestos propios de cada impuesto, reconoce la devolución, en las condiciones reglamentarias, a:

• a) Los exportadores de productos objeto de estos impuestos, o de otros que los contengan, por las cuotas satisfechas de lo exportado.
• b) Los exportadores de productos que no lo son ni los contienen, pero en cuya producción se consumieron otros que sí, por las cuotas que prueben haber satisfecho; nunca por los usados como combustible o carburante.
• c) Los empresarios que introduzcan en una fábrica o depósito fiscal productos con el impuesto ya devengado en el ámbito interno para enviarlos a otro Estado miembro, si se acredita la recepción en destino.
• d) Los expedidores certificados que los entreguen a destinatarios certificados de otro Estado miembro, si se paga el impuesto en destino.
• e) Los empresarios que los envíen a otro Estado miembro en ventas a distancia, con la misma condición.

Se devuelven las cuotas soportadas o, si no pueden determinarse, las del tipo vigente tres meses antes de la operación (artículo 10.2); la devolución puede ser provisional (artículo 10.3).

La oficina gestora tramitará un expediente sancionador contra D. Sebastián, el arrendatario, con una multa de 3.600 €.

• Infracción. El gasóleo bonificado (epígrafe 1.4) no puede usarse en motores de embarcaciones de recreo (artículo 54.2.c) de la Ley 38/1992); hacerlo es infracción grave (artículo 55.1).
• Procedimiento. El jefe de la oficina gestora del territorio donde se descubrió incoa de oficio el expediente; se notifica el inicio, se oyen alegaciones, se formula propuesta y se resuelve en seis meses (artículos 120.3 y 121 del Reglamento de los Impuestos Especiales).
• Autor. Con alquiler sin patrón en vigor al descubrirse la infracción, responde el arrendatario y no la titular, Dª Evangelina (artículo 55.2.b) y c).
• Sanción. Con 320 kW, de más de 220 hasta 550, multa fija de 3.600 € (artículo 55.4.b); la letra d) dice «más de 110 kW», que ha de leerse 1.100). Se duplicaría con comisión repetida (artículo 55.5) y se reduce un 40 % si se paga en plazo y no se recurre: 3.600 × 60 % = 2.160 € (artículos 19.1 de la Ley y 188.3 de la Ley General Tributaria).

El puerto «ubicado en Península y Baleares» se entiende situado en ese ámbito.

La Ley 8/1989, de Tasas y Precios Públicos, dedica a la gestión y liquidación de las tasas el capítulo III de su título II (artículos 21 a 23):

• Pago (artículo 21). En efectivo o mediante efectos timbrados, según disponga el reglamento.
• Gestión (artículo 22). Corresponde al «Ministerio de Economía y Hacienda», nombre que la ley conserva, sin perjuicio de la normativa de las haciendas autonómicas y demás territoriales y de la ley de cada tasa. Reglamentariamente pueden participar otros departamentos, entes u organismos. Se aplican en todo caso los principios y procedimientos de la Ley General Tributaria, en particular las normas de liquidación, recaudación, inspección y revisión en vía administrativa.
• Autoliquidación (artículo 23). Los sujetos pasivos deben autoliquidar la tasa e ingresar su importe en el Tesoro cuando así se prevea reglamentariamente.

Enlazan dos reglas del artículo 15: la tasa que se devenga con la solicitud ha de pagarse para que el expediente se tramite, y en las periódicas, notificada la liquidación del alta en el registro, padrón o matrícula, las sucesivas pueden notificarse colectivamente por anuncios en el «Boletín Oficial del Estado».

Recursos (artículo 2.1 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales):

• a) Los ingresos de su patrimonio y demás de derecho privado.
• b) Los tributos propios (tasas, contribuciones especiales e impuestos) y los recargos sobre impuestos autonómicos o de otras entidades locales.
• c) Las participaciones en los tributos del Estado y de las comunidades autónomas.
• d) Las subvenciones.
• e) Los precios públicos.
• f) El producto de las operaciones de crédito.
• g) El producto de las multas y sanciones en el ámbito de sus competencias.
• h) Las demás prestaciones de derecho público.

Impuestos municipales (artículo 59):

• Obligatorios (apartado 1): los Impuestos sobre Bienes Inmuebles, sobre Actividades Económicas y sobre Vehículos de Tracción Mecánica. Se exigen sin acuerdo de imposición (artículos 15.1 y 38.1).
• Potestativos (apartado 2): los Impuestos sobre Construcciones, Instalaciones y Obras y sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, que requieren acuerdo de imposición y ordenanza fiscal.

También lo es el Impuesto Municipal sobre Gastos Suntuarios, solo sobre cotos de caza y pesca (disposición transitoria sexta).

La regula el artículo 16 LGT, que no la define: hay simulación cuando el acto o negocio que las partes aparentan no es el que realmente realizan.

• Efecto (apartado 1): el hecho imponible gravado es el efectivamente realizado por las partes, no el aparentado.
• Declaración (apartado 2): la declara la Administración tributaria en el correspondiente acto de liquidación, sin informe previo ni procedimiento especial, y esa calificación no produce otros efectos que los exclusivamente tributarios.
• Consecuencias (apartado 3): en la regularización se exigen los intereses de demora y, en su caso, la sanción pertinente.

Diferencias con las figuras vecinas. En el conflicto en la aplicación de la norma (art. 15 LGT) los actos son reales, pero notoriamente artificiosos o impropios y sin otro efecto relevante que el ahorro fiscal; declararlo exige el informe previo favorable de la Comisión consultiva y solo se sanciona en los supuestos del artículo 206 bis LGT. La calificación (art. 13 LGT) exige el tributo según la naturaleza jurídica del acto o negocio realizado, cualquiera que sea la forma o denominación que le hubieran dado los interesados.