Segundo ejercicio del examen de Personal laboral de la AEAT, grupo I1

Respuesta correcta: a) C/Litio, nº 4 de Toledo, por ser el lugar en que tiene su residencia habitual.

El artículo 48.2.a) de la LGT fija el domicilio fiscal de las personas físicas en «el lugar donde tengan su residencia habitual»: para Alejandra, la calle Litio, 4, de Toledo. El lugar donde centraliza la gestión y la dirección del negocio no lo es por sí mismo: la ley solo permite a la Administración considerarlo como tal, y mientras no lo haga rige la residencia. El mayor valor del inmovilizado es un criterio subsidiario, para cuando no pueda establecerse ese lugar de gestión, que aquí se conoce. Y no cabe elegirlo libremente: lo determina la ley, y la Administración puede comprobar y rectificar el declarado (artículo 48.4).

Respuesta correcta: b) Sí, por ser el lugar en que tiene centralizada la gestión administrativa de su negocio y la dirección efectiva de su actividad económica.

Sí. El artículo 48.2.a) de la LGT dispone que, para las personas físicas que desarrollen principalmente actividades económicas, la Administración «podrá considerar como domicilio fiscal el lugar donde esté efectivamente centralizada la gestión administrativa y la dirección de las actividades desarrolladas», que para Alejandra es la nave de la calle Mamut, 7, de Madrid. No lo impide que no sea su residencia habitual ni el domicilio que declaró: el artículo 48.4 permite comprobar y rectificar el declarado. El mayor valor del inmovilizado solo decide cuando no puede establecerse el lugar de gestión y dirección, y en el caso sí consta.

Respuesta correcta: b) En el plazo de 3 meses desde que se produjo, mediante el modelo de declaración 030.

Víctor es un asalariado que no realiza ninguna otra actividad, así que no debe figurar en el Censo de Empresarios, Profesionales y Retenedores. Para esas personas físicas, el artículo 17.2 del RGAT manda comunicar el cambio de domicilio «en el plazo de tres meses desde que se produzca» mediante el modelo aprobado al efecto, que es el 030 (artículo 2.2 de la Orden EHA/3695/2007). El mes del artículo 17.1 es el plazo de quienes deben estar en ese censo, que lo comunican con la declaración censal de modificación: por eso fallan tanto el plazo de un mes como los modelos censales de empresarios, que Víctor no utiliza.

Respuesta correcta: c) 100 €

El artículo 198.5 de la LGT tipifica como infracción leve «incumplir la obligación de comunicar el domicilio fiscal o el cambio del mismo por las personas físicas que no realicen actividades económicas» y la castiga con «multa pecuniaria fija de 100 euros». Es el caso de Víctor, asalariado sin otra actividad. Los 200 euros son la multa general por no presentar en plazo declaraciones sin perjuicio económico, y los 400 euros, la de las declaraciones censales (artículo 198.1), la que alcanzaría a un empresario. El apercibimiento no es una sanción tributaria: son pecuniarias y, en su caso, no pecuniarias accesorias (artículo 185.1).

Respuesta correcta: a) Las de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.

El artículo 72.1.1.º de la LIRPF considera residente en una comunidad autónoma a quien permanezca en su territorio «un mayor número de días del período impositivo», y presume que se permanece donde radica la vivienda habitual. Víctor vivió en Toledo del 1 de enero al 3 de diciembre de 2025 (337 días) y en Madrid desde el 4 de diciembre (28 días): en 2025 es residente en Castilla-La Mancha y aplica sus deducciones. La residencia autonómica es una sola en cada período: ni se reparten las deducciones en proporción al tiempo ni valen las de Madrid, donde pasó menos días. Y mudarse no priva de las autonómicas ni deja solo las estatales.

Respuesta correcta: b) Sí, dado que desarrolla o va a desarrollar en territorio español una actividad empresarial.

El artículo 9.1 del RGAT obliga a darse de alta a quienes hayan de formar parte del Censo de Empresarios, Profesionales y Retenedores, y el artículo 3.2.a) lo forma con las personas o entidades que desarrollen o vayan a desarrollar en territorio español actividades empresariales o profesionales. Alejandra, que vende productos de peluquería, está dentro: el censo comprende a las personas físicas y ser empresaria individual no la exime. Ningún precepto condiciona el alta a un volumen de operaciones. Y no nace de contratar a Víctor: se presenta antes de iniciar la actividad (artículo 9.4), que empezó el 24 de abril de 2025, antes del contrato.

Respuesta correcta: c) No, al no ser las personas físicas empresarias uno de los supuestos de obligatoriedad de dicho artículo.

El artículo 14.2 de la Ley 39/2015 obliga a relacionarse electrónicamente a las personas jurídicas, a las entidades sin personalidad jurídica, a quienes ejerzan una actividad profesional de colegiación obligatoria, a quienes representen a un interesado obligado y a los empleados públicos. Las personas físicas empresarias no aparecen: por ese precepto Alejandra no está obligada. Y no porque le falte colegiación: esa letra se refiere a los profesionales colegiados, no a los empresarios. Tampoco la obliga retener a Víctor: practicar e ingresar retenciones no es representarlo y, además, él es una persona física que no está obligada.

Respuesta correcta: b) Venta al por menor, en tienda a un consumidor final, de perfumes por importe de 2.800 euros, Impuesto sobre el Valor Añadido incluido.

El artículo 4.2 del Reglamento de facturación (RD 1619/2012) permite la factura simplificada cuando el importe «no exceda de 3.000 euros, Impuesto sobre el Valor Añadido incluido» en las ventas al por menor y en las ventas a domicilio del consumidor, entre otras. La venta en tienda a un consumidor final por 2.800 euros con el IVA incluido cumple. Los 2.800 euros sin IVA, al 21 %, suben a 3.388 euros (2.800 × 1,21) y rebasan el tope, tanto en la tienda como a domicilio. La venta al por mayor no está en esa lista y sus 2.000 euros (100 × 20) superan los 400 euros, IVA incluido, del artículo 4.1.a), único límite que le alcanza.

Respuesta correcta: b) Entre los días 1 y 31 de enero de 2026, o inmediato hábil posterior.

El artículo 108.2 del Reglamento del IRPF sitúa la declaración anual de retenciones en los primeros veinte días naturales de enero, pero lleva el plazo al comprendido «entre el 1 de enero y el 31 de enero del año siguiente» cuando se presenta en soporte legible por ordenador, y el artículo 5 de la Orden EHA/3127/2009 lo extiende a la presentación por vía telemática, que es la de Alejandra. Para el resumen de 2025, del 1 al 31 de enero de 2026. El 20 de enero es el plazo general del reglamento y el de la autoliquidación del cuarto trimestre, modelo 111 (artículo 108.1); marzo y abril no son plazo de esta declaración.

Respuesta correcta: a) Sí, porque cuando los datos declarados no coinciden con los contenidos en otras declaraciones presentadas por el mismo obligado o con los que obren en poder de la Administración tributaria procede dicho procedimiento.

Sí. El artículo 131.b) de la LGT permite iniciar la verificación de datos «cuando los datos declarados no coincidan con los contenidos en otras declaraciones presentadas por el mismo obligado o con los que obren en poder de la Administración tributaria»: es la discrepancia entre lo ingresado con los modelos 111 y lo consignado en el 190, todos de Alejandra. No se apoya en defectos formales ni errores aritméticos, que son el supuesto de la letra a) y el caso no describe. La ley no manda pedir al obligado que rectifique sus declaraciones ni reserva esa discrepancia a la comprobación limitada: la sitúa entre los motivos de la verificación.

Respuesta correcta: c) Sí, porque la Administración tributaria cuenta con datos suficientes para formularla.

Sí. Según el artículo 132.1 de la LGT, el procedimiento puede iniciarse con un requerimiento o «mediante la notificación de la propuesta de liquidación cuando la Administración tributaria cuente con datos suficientes para formularla». Aquí los tiene: las autoliquidaciones 111 y el resumen 190 que presentó la propia Alejandra. No hay defectos formales ni errores aritméticos que lo impidan, y que ejerza una actividad económica no cambia nada: ese límite solo afecta a la aclaración de datos del artículo 131.d). Y no vale una mera aproximación: la propuesta ha de estar motivada con hechos y fundamentos de derecho (artículo 132.4).

Respuesta correcta: a) Desde el miércoles 11 de marzo de 2026 hasta el lunes 20 de abril de 2026.

La liquidación se notificó el 10 de marzo de 2026, entre los días 1 y 15, así que rige el artículo 62.2.a) de la LGT: el pago se hace «desde la fecha de recepción de la notificación hasta el día 20 del mes posterior», el 20 de abril de 2026, que la respuesta sitúa en lunes. El 5 de mayo sería el vencimiento de una notificación recibida entre el 16 y el último día de marzo (día 5 del segundo mes posterior, artículo 62.2.b)). Del 1 de septiembre al 20 de noviembre se pagan las deudas de notificación colectiva y periódica (artículo 62.3), y al realizarse el hecho imponible, las que se abonan con efectos timbrados (artículo 62.4).

Respuesta correcta: b) El día 21 de abril de 2026.

El artículo 161.1.a) de la LGT inicia el período ejecutivo, para las deudas liquidadas por la Administración, «el día siguiente al del vencimiento del plazo establecido para su ingreso en el artículo 62». El plazo voluntario de Alejandra venció el 20 de abril de 2026 (notificación del 10 de marzo, artículo 62.2.a)), así que el ejecutivo empieza el 21 de abril. El 11 de marzo es el día siguiente a la notificación, con el plazo voluntario abierto. El 23 de noviembre toma el plazo de las deudas de notificación colectiva, que esta no es. Y el 5 de junio se notifica la providencia, que inicia el procedimiento de apremio, no el período ejecutivo.

Respuesta correcta: d) El recargo ejecutivo del 5 %, 500 euros.

El artículo 28.2 de la LGT fija el recargo ejecutivo en el cinco por ciento, aplicable «cuando se satisfaga la totalidad de la deuda no ingresada en periodo voluntario antes de la notificación de la providencia de apremio». Pagando los 10.000 euros antes del 5 de junio de 2026, Alejandra habría abonado 500 euros (10.000 × 5 %). No cabe pagar sin recargo: se devengan con el inicio del período ejecutivo (artículo 28.1), el 21 de abril. El 10 % supone la providencia ya notificada y el pago en el plazo del artículo 62.5 (artículo 28.3), y el 20 % queda para cuando no se dan las condiciones de los otros dos (artículo 28.4).

Respuesta correcta: a) Hasta el lunes 22 de junio de 2026.

La providencia se notificó el 5 de junio de 2026, entre los días 1 y 15, y el artículo 62.5.a) de la LGT da de plazo «hasta el día 20 de dicho mes o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente». El 20 de junio de 2026 no es hábil y el plazo pasa al lunes 22; pagando hasta entonces deuda y recargo, este es el reducido del 10 % (artículo 28.3). El 6 de julio valdría para una providencia notificada entre el 16 y el último día de junio (día 5 del mes siguiente o inmediato hábil). El 20 de noviembre cierra el pago voluntario de las deudas de notificación colectiva. Y el 29 de junio no resulta de ninguna regla del artículo 62.

Respuesta correcta: c) 20 % (recargo de apremio ordinario), 2.000 euros.

El artículo 28.4 de la LGT establece que el recargo de apremio ordinario «será del 20 por ciento y será aplicable cuando no concurran las circunstancias a las que se refieren los apartados 2 y 3»: 2.000 euros sobre los 10.000 no ingresados en período voluntario. El 5 % ya no cabe, porque exige pagar antes de que se notifique la providencia de apremio (artículo 28.2), y el 10 % tampoco, porque requiere pagar la deuda y el propio recargo dentro del plazo del artículo 62.5 (artículo 28.3), ya vencido. El 30 % no existe: los recargos del período ejecutivo son tres, ejecutivo, de apremio reducido y de apremio ordinario (artículo 28.1).

Respuesta correcta: c) La providencia de apremio.

Según el artículo 167.1 de la LGT, el procedimiento de apremio se inicia «mediante providencia notificada al obligado tributario», y el 167.2 añade que la providencia de apremio «será título suficiente para iniciar el procedimiento de apremio y tendrá la misma fuerza ejecutiva que la sentencia judicial para proceder contra los bienes y derechos de los obligados tributarios». Es la notificada a Alejandra el 5 de junio de 2026. La carta de pago solo sirve para hacer el ingreso, y la notificación de la liquidación abre el período voluntario, no la ejecución. El escrito de recurso es un acto de la interesada, no un título de la Administración.

Respuesta correcta: c) Sí, porque demostrar que la deuda ha sido compensada es uno de los casos de suspensión automática sin necesidad de prestar garantía.

El artículo 165.2 de la LGT ordena suspender el apremio «de forma automática por los órganos de recaudación, sin necesidad de prestar garantía», cuando el interesado demuestre que la deuda ha sido compensada. Es la causa que invoca Alejandra, y por eso acierta la respuesta que la señala como caso de suspensión automática sin garantía; eso sí, la ley pide demostrarla, no solo alegarla. Que la suspensión por recurso exija garantizar la deuda (artículos 165.1 y 224.1) es la regla general, que cede ante esa causa tasada. Recurrir no suspende por sí solo sin garantía, ni la suspensión se reserva al recurso contencioso-administrativo.

Respuesta correcta: b) Hasta el jueves 30 de abril de 2026, inclusive.

El artículo 223.1 de la LGT da para el recurso de reposición «un mes contado a partir del día siguiente al de la notificación del acto recurrible». Los plazos por meses se cuentan de fecha a fecha: concluyen el mismo día en que se produjo la notificación en el mes de vencimiento (artículo 30.4 de la Ley 39/2015, de aplicación supletoria). Notificada la sanción el 30 de marzo de 2026, el último día es el 30 de abril de 2026, que la respuesta sitúa en jueves. El 13 y el 27 de abril se quedan cortos, porque no completan el mes, y el 1 de junio lo rebasa en más de un mes.

Respuesta correcta: b) Sí, al ser la interposición de recursos uno de los supuestos previstos en el artículo 11.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Sí. El artículo 11.2 de la Ley 39/2015 enumera los únicos actos para los que se requiere el uso obligatorio de firma: formular solicitudes, presentar declaraciones responsables o comunicaciones, interponer recursos, desistir de acciones y renunciar a derechos. La letra c), «Interponer recursos», alcanza al de reposición de Alejandra, así que no queda fuera del precepto. Tampoco existe diferencia entre la reposición y la reclamación económico-administrativa: para todos los procedimientos de revisión iniciados a instancia del interesado, el artículo 2.1.e) del RD 520/2005 exige que el escrito lleve «Lugar, fecha y firma».

Respuesta correcta: a) La ejecución de la sanción queda automáticamente suspendida en período voluntario sin necesidad de aportar garantías hasta que sea firme en vía administrativa.

El artículo 212.3.a) de la LGT dispone que, interpuesto en tiempo y forma un recurso contra una sanción, su ejecución «quedará automáticamente suspendida en periodo voluntario sin necesidad de aportar garantías hasta que sean firmes en vía administrativa»; el artículo 224.1 lo reitera para la reposición. El efecto nace de la sola interposición del recurso: Alejandra no tiene que solicitarlo, ni alegar justa causa, ni justificar perjuicios de difícil o imposible reparación. Tampoco ha de garantizar el importe: esa exigencia es la de la suspensión de las deudas tributarias recurridas en reposición, no la de las sanciones.

Respuesta correcta: c) Es deducible de manera íntegra, al tratarse de bienes afectos a la actividad.

El art. 95.Uno LIVA solo impide deducir las cuotas de los bienes que no se afecten, directa y exclusivamente, a la actividad, y el enunciado da el equipo por afecto a una actividad sujeta y no exenta (art. 94.Uno.1.º a): la cuota, 3.600 × 21 % = 756 euros, se deduce entera. La afectación presunta al 50 % es solo para turismos, ciclomotores y motocicletas (art. 95.Tres.2.ª), no para equipos informáticos. Y la ley no distingue entre portátil y ordenador de sobremesa ni hace seguir a la impresora la suerte del ordenador: que un bien pudiera usarse en privado no le quita la deducción si está afecto a la actividad.

Respuesta correcta: c) Es deducible al 50 por ciento, salvo prueba en contrario.

El turismo es un bien de inversión que se usa en la actividad y en privado, y el art. 95.Tres.2.ª LIVA presume afectados a la actividad «en la proporción del 50 por 100» los automóviles de turismo: se deduce la mitad de la cuota (45.000 × 21 % = 9.450; la mitad, 4.725 euros), salvo que se acredite otro grado de uso (reglas 3.ª y 4.ª). No cabe el 100 %: lo usa también en privado y no es uno de los vehículos que la regla presume afectos por entero. Tampoco se pierde toda la deducción: el apartado Tres excepciona, para los bienes de inversión, la exigencia de afectación directa y exclusiva, y la ley no excluye un vehículo por ser de alta gama.

Respuesta correcta: d) Ni el correspondiente a las comidas con clientes, ni el correspondiente al reloj regalado al cliente, son deducibles pues no lo son las cuotas soportadas en atenciones a clientes.

El art. 96.Uno.5.º LIVA impide deducir, en ninguna proporción, las cuotas soportadas por los «bienes o servicios destinados a atenciones a clientes, asalariados o a terceras personas». Ahí entran las comidas con clientes y el reloj regalado a uno de ellos, aunque las facturas sean correctas y el gasto sirva para captar o cuidar a la clientela. Tampoco cabe deducir la mitad: la exclusión es total. Y no existe un importe hasta el cual el regalo a un cliente sea deducible: el único umbral cercano, 200 euros por destinatario y año, es el de los objetos publicitarios del art. 7.4.º, y un reloj sin mención publicitaria no lo es.

Respuesta correcta: d) Sí, porque las muestras no tienen la consideración de bienes destinados a atenciones a terceros.

El art. 96.Uno.5.º LIVA excluye la deducción de las cuotas de los bienes destinados a atenciones a clientes, pero añade que no tienen esa consideración «las muestras gratuitas y los objetos publicitarios de escaso valor definidos en el artículo 7, números 2.º y 4.º». Las muestras de perfume, que solo sirven para promocionar la tienda, quedan fuera de la exclusión y su cuota se deduce. No vale, pues, decir que se destinan a atenciones a terceros; que se entreguen gratis hace que esa entrega no esté sujeta (art. 7.2.º), no que se pierda la deducción; y la ley no pone a las muestras ningún tope de 1.000 euros.

Respuesta correcta: c) Sí, sí puede. El derecho a la deducción puede ejercitarse en la autoliquidación del período de liquidación en que ha soportado las cuotas deducibles o en las de los sucesivos, siempre que no hubiera transcurrido el plazo de cuatro años, contados a partir del nacimiento del mencionado derecho.

Por el art. 99.Tres LIVA, el derecho a deducir puede ejercitarse en la declaración-liquidación del periodo en que se soportaron las cuotas «o en las de los sucesivos, siempre que no hubiera transcurrido el plazo de cuatro años, contados a partir del nacimiento del mencionado derecho». Alejandra puede llevar las cuotas del primer trimestre a la autoliquidación del segundo. Fallan, por tanto, las dos respuestas que obligan a incluirlas en el periodo en que se soportan, y la que limita la facultad a lo que exceda de las cuotas repercutidas: alcanza a todas las deducibles; compensar o pedir la devolución del exceso es otra cosa (art. 99.Cinco).

Respuesta correcta: c) 32.000

El valor en aduana es el valor de transacción (art. 70.1 CAU): el precio pagado, 30.000 euros con la mercancía ya embarcada en Shanghai, completado con los gastos de transporte y de seguro hasta el lugar por donde entra en el territorio aduanero de la Unión (art. 71.1.e): los 2.000 euros hasta Barcelona. Total: 30.000 + 2.000 = 32.000. La comisión de compra no se suma (arts. 71.1.a.i y 72.e), de modo que no caben 33.500 ni 34.700; tampoco el transporte posterior a la entrada, los 1.200 euros de Barcelona a Madrid (art. 72.a); y 31.500 añade la comisión y olvida el flete y el seguro.

Respuesta correcta: a) Alejandra.

El art. 77.3 CAU dispone que «el declarante será el deudor» y que solo «en caso de representación indirecta, será también deudora la persona por cuya cuenta se haga la declaración en aduana». Aquí la representación es directa: el representante actúa en nombre y por cuenta de Alejandra (art. 18.1), así que la declarante, y única deudora de los derechos, es ella. El representante solo sería deudor, junto a ella y nunca en exclusiva, si actuara en nombre propio. Tampoco responde subsidiariamente: el art. 43.1.e) LGT hace responsable subsidiario al representante directo, pero «esta responsabilidad subsidiaria no alcanzará a la deuda aduanera».

Respuesta correcta: b) 34.000

El art. 83.Uno LIVA suma al valor de aduana (32.000 euros) los derechos de importación, 500, y los gastos accesorios, «como las comisiones y los gastos de embalaje, transporte y seguro», hasta el primer lugar de destino en la Comunidad: la comisión de compra, 1.500. Total: 32.000 + 500 + 1.500 = 34.000. Ese lugar es el que figure en el documento de transporte, que el enunciado no da: el tribunal lo sitúa en Barcelona y deja fuera los 1.200 euros hasta Madrid y los 1.000 del representante aduanero, lo más discutible, pues la lista es abierta: con estos saldrían 35.000, y con ambos, 36.200. Y 33.000 no cubre siquiera derechos y comisión.

Respuesta correcta: b) Los cónyuges, el hijo menor de edad y el hijo mayor de edad incapacitado judicialmente sujeto a patria potestad prorrogada.

El art. 82.1.1.ª LIRPF forma la unidad familiar con los cónyuges no separados legalmente y, si los hay, los hijos menores que no vivan independientes con el consentimiento de los padres y los mayores de edad incapacitados judicialmente sujetos a patria potestad prorrogada o rehabilitada. Entran Emilio, Elvira, el hijo de 17 años y el de 24, incapacitado y bajo patria potestad prorrogada; se queda corta la respuesta que solo cuenta al menor. La hija de 20 años no entra aunque conviva y dependa económicamente de ellos: la ley no atiende a eso. Y la madre de Elvira no es cónyuge ni hija: convivir en el mismo domicilio no hace unidad familiar.

Respuesta correcta: a) Tienen la consideración de gasto deducible para la determinación del rendimiento neto del trabajo.

El art. 19.2.d) LIRPF incluye entre los gastos deducibles del rendimiento del trabajo las cuotas satisfechas a sindicatos, y el art. 10 del Reglamento precisa que «serán deducibles las cuotas satisfechas a sindicatos», sin tope: el límite de 500 euros anuales que fija es solo para las cuotas de colegios profesionales de colegiación obligatoria. Emilio resta, pues, los 240 euros enteros de sus rendimientos íntegros. No son una reducción de la base imponible general, sino un gasto del trabajo; que afiliarse sea voluntario no les quita la deducibilidad; y no existe un máximo de 200 euros.

Respuesta correcta: c) El recargo sancionador municipal girado en relación con el inmueble.

El art. 23.1.a).2.º LIRPF admite como gasto del capital inmobiliario los tributos y recargos no estatales que incidan sobre el inmueble «y no tengan carácter sancionador»: el recargo sancionador municipal queda, por tanto, fuera. Los otros tres conceptos sí se deducen: los intereses del préstamo para adquirir la vivienda y los demás gastos de financiación, por el número 1.º de la misma letra, con el límite de los rendimientos íntegros del inmueble; y el IBI, por el propio número 2.º, al ser un tributo no estatal que recae sobre el bien que produce la renta y no sanciona nada.

Respuesta correcta: a) 7.530 euros, al deducir los intereses del préstamo, los demás gastos de financiación, el IBI y la tasa de basuras, pero no el recargo sancionador municipal.

Por el art. 23.1.a) LIRPF se restan de los 9.600 euros de ingresos íntegros los intereses (1.200) y los demás gastos de financiación (300), que no superan el límite de esos ingresos (número 1.º), y los tributos no estatales sin carácter sancionador (número 2.º): IBI, 450, y tasa de basuras, 120. Resultado: 9.600 − 1.200 − 300 − 450 − 120 = 7.530 euros. Los 15.000 de amortización del capital devuelven el préstamo y no son gasto. Dejar fuera los 300 de financiación (7.830) contradice el número 1.º, igual que prescindir de los intereses, como hace la respuesta de 8.100 euros; y restar el recargo sancionador (7.330) lo impide el número 2.º.

Respuesta correcta: b) Genera una ganancia patrimonial que debe declararse en el IRPF del donante.

La donación altera la composición del patrimonio de Emilio y pone de manifiesto su variación de valor: hay ganancia patrimonial (art. 33.1 LIRPF), que el art. 34.1.a) cuantifica, también en la transmisión lucrativa, por la diferencia entre los valores de adquisición y de transmisión: 145.000 − 90.000 = 55.000 euros. El parentesco no cuenta: la ley solo niega la ganancia en las transmisiones lucrativas por causa de muerte y en las de empresa familiar (art. 33.3.b y c), y solo exime las donaciones a ciertas entidades (art. 33.4.a). Que el hijo tribute por el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones no libra al donante del IRPF.

Respuesta correcta: a) Rendimiento del trabajo de la beneficiaria.

El art. 17.2.a).3.ª LIRPF considera «en todo caso» rendimientos del trabajo «las prestaciones percibidas por los beneficiarios de planes de pensiones», sin distinguir la contingencia: también cuando se cobran por fallecimiento del partícipe. El art. 11.2 las atribuye a la persona en cuyo favor estén reconocidas: la hija, no el abuelo, así que no van a la última declaración del causante. No es ganancia patrimonial, porque el art. 33.1 saca de ese concepto lo que la ley califica de rendimiento; y por esa misma calificación tributa en el IRPF de la beneficiaria, no en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.

Respuesta correcta: a) La ex cónyuge debe integrar la pensión compensatoria como rendimiento del trabajo, mientras que las anualidades por alimentos percibidas por los hijos menores se encuentran exentas.

El art. 17.2.f) LIRPF califica de rendimientos del trabajo «las pensiones compensatorias recibidas del cónyuge y las anualidades por alimentos, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 7». Manuela integra, pues, los 5.400 euros de la pensión compensatoria: ninguna letra del art. 7 la exime por venir impuesta por el juez. Los 4.800 euros de alimentos los perciben los hijos, no ella, y están exentos: el art. 7.k) exime las anualidades por alimentos percibidas de los padres en virtud de decisión judicial. Por eso ni los declara la ex cónyuge ni son para los hijos un rendimiento sujeto y no exento.

Respuesta correcta: c) Se califica, con carácter general, como rendimiento del trabajo sujeto y no exento.

El art. 17.1.b) LIRPF incluye expresamente «las prestaciones por desempleo» entre los rendimientos íntegros del trabajo: los 6.300 euros de Elvira tributan como tales. Solo están exentas las que se cobran en la modalidad de pago único (art. 7.n), y el supuesto no dice que lo sea; ser una prestación pública de carácter asistencial no las exime. No son rendimientos del capital mobiliario: no proceden de ningún elemento patrimonial, y la ley las califica de trabajo aunque la relación laboral haya terminado. Tampoco hay un mínimo de 12.000 euros por debajo del cual no se integren.

Respuesta correcta: b) Está exenta del IRPF por previsión legal expresa.

El art. 7.a) LIRPF declara exentas «las prestaciones públicas extraordinarias por actos de terrorismo», sin más requisito: los 3.200 euros de Elvira no tributan. No se integran como rendimiento del trabajo aunque sustituyan rentas dejadas de percibir, porque la exención las saca del gravamen; la ley exime la prestación como tal, sin configurarla como una ganancia patrimonial; y no condiciona la exención a la forma de cobro: el precepto no distingue entre capital y renta periódica.

Respuesta correcta: c) Está obligado a declarar, porque, además de los rendimientos del trabajo, ha obtenido rendimientos del capital inmobiliario que impiden su encaje en los supuestos de no obligación de declarar.

El art. 96.2 LIRPF solo dispensa de declarar a quien obtiene rentas procedentes «exclusivamente» de las fuentes que enumera: trabajo, capital mobiliario y ganancias con retención, rentas inmobiliarias imputadas, letras del Tesoro y ciertas ayudas públicas. El alquiler, 9.600 euros, es rendimiento del capital inmobiliario: no está en esa lista ni cabe en el límite residual de 1.000 euros, y Emilio debe declarar sea cual sea el importe de sus rendimientos del trabajo. Un segundo pagador no obliga siempre desde 15.876 euros: si no pasa de 1.500, el límite sigue en 22.000 (art. 96.3.a.1.º). Y ninguna regla excluye el alquiler de vivienda.

Respuesta correcta: d) Sí, porque ha obtenido rendimientos íntegros del trabajo superiores a 1.000 euros anuales, sin que proceda minorarlos, a estos efectos, por la pérdida patrimonial obtenida.

El art. 96.2.a) LIRPF, con su límite de 22.000 euros, dispensa a quien obtiene rentas «exclusivamente» de las fuentes que enumera, y una pérdida patrimonial no está entre ellas. Solo queda la regla de cierre del art. 96.2: rendimientos íntegros y ganancias con el límite conjunto de 1.000 euros «y pérdidas patrimoniales de cuantía inferior a 500 euros». La pérdida (400) cabe; la pensión (1.200) supera los 1.000, y el límite se mide sobre rendimientos íntegros: no se resta la pérdida para bajar a 800, ni se cumple el umbral de escasa cuantía. Está obligada, pero no porque toda pensión pública obligue: sin la pérdida, 1.200 euros no obligarían.