Segunda parte del examen de Administrativo del Estado (C1)

Respuesta correcta: b) Se la tendrá por desistida de su petición.

La firma del solicitante o la acreditación de la autenticidad de su voluntad es requisito de toda solicitud (artículo 66.1.e) de la Ley 39/2015). Si falta, el artículo 68.1 manda requerir a la interesada para que subsane en diez días, con indicación de que, si no lo hace, «se le tendrá por desistido de su petición», previa resolución. No es una renuncia, que recae sobre el derecho y la decide el propio interesado (artículo 94). La caducidad exige paralización imputable y advertencia de tres meses (artículo 95.1). Y la suspensión afecta al plazo para resolver mientras se subsana (artículo 22.1.a), no es la consecuencia de no subsanar.

Respuesta correcta: b) Martes, 17 de junio.

El artículo 68.1 da diez días para subsanar y, como no dice otra cosa, son hábiles: se excluyen sábados, domingos y festivos (artículo 30.2 de la Ley 39/2015) y se cuentan desde el día siguiente a la notificación (artículo 30.3). Notificada el martes 3 de junio, el cómputo empieza el miércoles 4: 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 16 y 17. El décimo día hábil es el martes 17 de junio. El lunes 16 sale de contar como primero el propio día de la notificación. El lunes 23 serían catorce días hábiles, y el martes 24, quince: los diez más la ampliación de cinco del artículo 68.2, que nadie ha pedido ni acordado.

Respuesta correcta: d) La declaración de lesividad de la autorización.

La autorización favorece a Doña Clara Hevia y, dictada sobre un estudio hidrológico erróneo en zona inundable, infringe el ordenamiento: es anulable (artículo 48.1 de la Ley 39/2015). Para dejarla sin efecto, la Confederación debe declararla lesiva para el interés público e impugnarla ante la jurisdicción contencioso-administrativa (artículo 107.1). La revisión de oficio solo alcanza a los actos nulos (artículo 106.1). La revocación es para actos de gravamen o desfavorables (artículo 109.1), y la rectificación, para errores materiales, de hecho o aritméticos (artículo 109.2), no para un error técnico de fondo.

Respuesta correcta: b) Diez días.

La declaración de lesividad exige la previa audiencia de los interesados en los términos del artículo 82 (artículo 107.2 de la Ley 39/2015). El artículo 82.2 fija el plazo para que aleguen y presenten los documentos y justificaciones que estimen pertinentes: no inferior a diez días ni superior a quince. El mínimo que puede concederse a Doña Clara Hevia es, por tanto, diez días, hábiles por el artículo 30.2. Cinco días queda por debajo del suelo legal; quince es el máximo, no el mínimo, y veinte excede el tope del artículo 82.2.

Respuesta correcta: a) Que el procedimiento ha caducado.

El procedimiento para declarar la lesividad lo inicia de oficio la Confederación, y el artículo 107.3 de la Ley 39/2015 dispone que, transcurridos seis meses desde su iniciación sin declararse la lesividad, se producirá su caducidad. Doña Clara Hevia puede entenderlo caducado, sin perjuicio de que se abra otro dentro de los cuatro años del artículo 107.2. No hay desistimiento de la Administración, que exige decisión motivada en los supuestos legales (artículo 93), ni prescribe la autorización. Y no cabe desestimación: no se tramita su solicitud, que ya se resolvió a su favor, sino un procedimiento de oficio contra el acto.

Respuesta correcta: d) Que esté suscrita con la firma electrónica de Doña Clara Hevia.

El artículo 15.2 del Real Decreto 951/2005 permite formular quejas presencialmente, por correo postal y por medios telemáticos, y exige que las presentadas por correo electrónico o a través de Internet estén «suscritas con la firma electrónica del interesado». La Confederación exigirá, pues, que la queja de Doña Clara Hevia vaya firmada electrónicamente por ella. El precepto no pide adjuntar copia del documento de identidad ni haberla presentado antes en ningún portal. Tampoco niega validez al correo electrónico ni admite en lugar de la firma de la interesada un sello electrónico, que identifica a órganos y organismos, no a ciudadanos.

Respuesta correcta: a) No, porque su valor estimado es inferior a 5.404.000 euros.

Mejorar la accesibilidad del edificio exige ejecutar trabajos sobre un inmueble: es un contrato de obras (artículo 13 de la Ley 9/2017). Las obras están sujetas a regulación armonizada desde un valor estimado de 5.404.000 euros (artículo 20.1, en la cuantía de la Orden HAC/1517/2025), y 143.000 euros quedan muy por debajo. Los 140.000 euros son el umbral de suministros y servicios de la Administración General del Estado y sus organismos autónomos, y los 216.000 euros, el de esos contratos cuando los adjudican otras entidades (artículos 21.1 y 22.1): ninguno rige para obras. Que adjudique un organismo autónomo no hace armonizado el contrato.

Respuesta correcta: d) 630

La mejora de accesibilidad es una inversión en el edificio en que funciona el propio organismo. La Resolución de 20 de enero de 2014 lleva al artículo 63 la inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios, que incluye poner los bienes en un estado de uso que aumente la eficacia en la cobertura de las necesidades del servicio; su concepto es el 630, en el capítulo 6. El 162.00 es formación y perfeccionamiento del personal (capítulo 1); el 226.02, publicidad y propaganda (capítulo 2), y el 450 pertenece al artículo 45, transferencias corrientes a comunidades autónomas. Ninguno recoge obras en un edificio propio.

Respuesta correcta: d) Únicamente en el perfil del contratante de la Confederación Hidrográfica del Duero.

El procedimiento abierto simplificado cabe en obras de valor estimado igual o inferior a 2.000.000 de euros (artículo 159.1.a de la Ley 9/2017), y este es de 143.000. En él, el anuncio de licitación «únicamente precisará de publicación en el perfil de contratante del órgano de contratación» (artículo 159.2): basta el perfil de la Confederación. No rige aquí la publicación adicional en el BOE del artículo 135.1. El Diario Oficial de la Unión Europea queda para los contratos armonizados (artículo 135.1), y este no lo es. Ningún precepto exige el boletín de la provincia ni el de Castilla y León.

Respuesta correcta: c) 6.000 euros.

El artículo 107.1 de la Ley 9/2017 fija la garantía definitiva en el 5 por 100 del precio final ofertado, excluido el IVA: 120.000 × 5 % = 6.000 euros. Los 3.600 euros son el 3 % del precio, porcentaje que solo opera como tope de la garantía provisional, y sobre el presupuesto base de licitación (artículo 106.2), garantía que el procedimiento abierto simplificado no admite (artículo 159.4.b). Los 7.150 euros son el 5 % del valor estimado (143.000 euros), que no es la base legal. Los 7.250 euros no corresponden al 5 % del precio sin IVA ni a ninguna otra base del artículo 107.

Respuesta correcta: b) El Ministro de Hacienda.

Es un suplemento en un organismo autónomo (artículo 56 de la Ley 47/2003). Faltan 100.000 − 85.000 = 15.000 euros, el 17,6 % del crédito inicial del capítulo (15.000 / 85.000). La Presidenta solo puede autorizar hasta el 10 % del capítulo, 8.500 euros, y sin pasar de 500.000 (artículo 56.3.a). Superado ese límite, la competencia es del Ministro de Hacienda mientras no se alcance el 20 %, 17.000 euros, ni se superen 1.000.000 de euros (artículo 56.3.b), que es el caso. El Consejo de Ministros autoriza los restantes (artículo 56.3.c), y las Cortes solo intervienen si se atienden obligaciones de ejercicios anteriores (artículo 56.7).

Respuesta correcta: b) Con el remanente de tesorería al fin del ejercicio anterior que no haya sido aplicado en el presupuesto del organismo, o con mayores ingresos sobre los previstos.

Para los créditos extraordinarios y suplementarios de los organismos autónomos, el artículo 56.2 de la Ley 47/2003 dispone que su financiación «únicamente podrá realizarse» con la parte del remanente de tesorería al fin del ejercicio anterior no aplicada en el presupuesto del organismo o con mayores ingresos sobre los previstos inicialmente. El Fondo de Contingencia y la baja en otros créditos no financieros financian los suplementos del presupuesto del Estado (artículo 55.1.a), no los de un organismo autónomo como la Confederación; en los organismos, la baja en otros créditos solo financia ampliaciones de crédito (artículo 54.3).

Respuesta correcta: a) Documento MC.

La Orden de 1 de febrero de 1996 de documentos contables reserva el documento MC a las modificaciones presupuestarias que aumenten o disminuyan los créditos (apartado sexto.1.a), y lo autoriza el Director General de Presupuestos (apartado séptimo.1). El suplemento aprobado para el mantenimiento de los ascensores se registra, por tanto, con un MC. El documento I registra la concesión de un anticipo de tesorería (apartado undécimo). El OK sirve para reconocer obligaciones (apartado sexto.1.n). Y la propuesta de mandamiento de pago es un documento de devoluciones de ingresos y de operaciones no presupuestarias (apartado decimosexto.1).

Respuesta correcta: a) El grado 16.

El grado se consolida desempeñando puestos de un nivel durante dos años continuados o tres con interrupción (artículo 70.2 del Real Decreto 364/1995). Don Eduardo ocupa un nivel 16 desde el 12 de marzo de 2021: en marzo de 2023 consolidó el grado 16. Desde el 1 de abril de 2023 está en comisión de servicios en un nivel 20, y ese tiempo solo computa si obtiene con carácter definitivo ese puesto u otro de igual o superior nivel (artículo 70.6). Como sigue en comisión, en enero de 2026 tiene el 16. El 18 exigiría computar la comisión con la regla de los dos niveles del artículo 70.2, y el 20, consolidar el del puesto en comisión.

Respuesta correcta: c) Una excedencia voluntaria por prestación de servicios en el sector público.

Al tomar posesión en el Cuerpo de Gestión, Don Eduardo pasa a otro cuerpo. El artículo 15.1 del Real Decreto 365/1995 declara en excedencia voluntaria por prestación de servicios en el sector público a quien está en servicio activo en otro cuerpo o escala de cualquier Administración, salvo compatibilidad: es su situación en el Cuerpo General Administrativo. La incentivada es para reasignaciones de efectivos y planes de empleo (artículo 18). La de interés particular exige cinco años de servicios y la pide el funcionario por su sola voluntad (artículo 16). La forzosa nace de la expectativa de destino o de una suspensión (artículo 13).

Respuesta correcta: b) 15 días naturales.

Para adquirir la condición de funcionario de carrera hay que tomar posesión «dentro del plazo que se establezca» (artículo 62.1.d del texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público). Ese plazo lo fija la resolución de nombramiento: en las del Cuerpo de Gestión por promoción interna, la Secretaría de Estado de Función Pública da quince días naturales desde el día siguiente a la publicación en el BOE, y un mes cuando el destino supone cambio de localidad. Don Eduardo no cambia de residencia: quince días naturales desde el 10 de marzo de 2026. El mes es para quien cambia de localidad, y ninguna regla fija diez ni quince días hábiles.

Respuesta correcta: c) Al menos 15 días.

Don Eduardo es el progenitor distinto de la madre biológica: su permiso es el del artículo 49.c) del texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público, de diecinueve semanas. Ese precepto dispone que, en caso de disfrute interrumpido, se requerirá para cada período de disfrute «un preaviso de al menos quince días», y que se realizará por semanas completas. No basta con avisar el mismo día del nacimiento ni con diez días de antelación, y no es cierto que no haga falta preaviso: es un requisito expreso cuando el permiso se fracciona en períodos.

Respuesta correcta: c) Trece semanas.

El permiso de Don Eduardo (artículo 49.c) del texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público) dura diecinueve semanas: seis obligatorias e ininterrumpidas, a jornada completa; once más, dentro de los doce meses, y dos hasta que el menor cumpla ocho años. Solo las de los párrafos 2.º y 3.º pueden disfrutarse a tiempo parcial, cuando lo permitan las necesidades del servicio: 11 + 2 = 13 semanas. Seis son justamente las obligatorias, que han de ser a jornada completa; diecinueve es el total, que incluye esas seis, y diez no corresponde a ningún tramo del permiso vigente.

Respuesta correcta: d) Servicio activo.

Doña Elisa Sanz pasa a un puesto de Subdirectora General del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, de los que se proveen por libre designación (artículo 51.2 del Real Decreto 364/1995). Sigue sirviendo como funcionaria en la Administración General del Estado, y el artículo 86.1 del texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público la sitúa en servicio activo. Servicios especiales es para altos cargos y asimilados (artículo 87.1), y un subdirector general no lo es. Servicio en otras Administraciones Públicas exige destino en otra Administración (artículo 88.1), y ambos son Estado. Y no accede a otro cuerpo: no hay excedencia.

Respuesta correcta: c) Hasta el jueves, 3 de abril de 2025.

El artículo 57 del Real Decreto 364/1995 remite, en la libre designación, al artículo 48.1: tres días hábiles sin cambio de residencia y un mes si lo hay, contados desde el día siguiente al del cese. Se traslada de Valladolid a Madrid: tiene un mes. Cesa el lunes 3 de marzo de 2025; el cómputo empieza el 4 y, al fijarse en meses, concluye el día 3 del mes de vencimiento (artículo 30.4 de la Ley 39/2015): el jueves 3 de abril. El viernes 4 de abril se pasa un día. El 4 y el 5 de marzo no responden a ningún plazo del artículo 48: ni siquiera los tres días hábiles sin cambio de residencia, que acabarían el 6 de marzo.

Respuesta correcta: c) Hasta junio de 2028.

El artículo 50.2 del texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público permite disfrutar las vacaciones fuera de su año natural cuando ciertos permisos o situaciones impiden iniciarlas, siempre que no hayan transcurrido más de dieciocho meses desde el final del año en que se originaron. Las instrucciones de jornada de la Administración General del Estado (Resolución de 14 de abril de 2026, apartado 9.5) incluyen expresamente el permiso de paternidad. Sus vacaciones son de 2026: 31 de diciembre de 2026 más dieciocho meses lleva a junio de 2028. Junio y diciembre de 2027 suman seis y doce meses, y diciembre de 2028, veinticuatro.

Respuesta correcta: b) La Secretaria de Estado de Función Pública.

El artículo 25.1 del Real Decreto 364/1995 dispone que quienes superan el proceso selectivo serán nombrados funcionarios de carrera por el Secretario de Estado para la Administración Pública, y el artículo 6.3 del Real Decreto 2169/1984 le atribuye ese nombramiento. Hoy es la Secretaría de Estado de Función Pública, que firma las resoluciones de nombramiento del Cuerpo de Gestión por promoción interna. El Ministro no nombra. La Dirección General de la Función Pública propone el nombramiento, pero no lo dicta. Y la Subsecretaría del ministerio de destino formaliza la toma de posesión, no el nombramiento.

Respuesta correcta: a) Documento RC.

Al expediente de contratación debe incorporarse el certificado de existencia de crédito (artículo 116.3 de la Ley 9/2017). La Orden de 1 de febrero de 1996 de documentos contables prevé para ello el documento RC de ejercicio corriente, que se usa para solicitar el certificado de existencia y retención de crédito en los expedientes de gasto (apartado sexto.1.c). Al iniciar el expediente de los ascensores, el servicio gestor expide un RC. El documento A recoge la aprobación del gasto, que llega después; el AD acumula aprobación y compromiso, y el ADOK añade el reconocimiento de la obligación: ninguno abre el expediente.

Respuesta correcta: c) 20 días hábiles.

El artículo 16.1 del Real Decreto 951/2005 dispone que, recibida la queja o sugerencia, la unidad responsable informará al interesado de las actuaciones realizadas en el plazo de 20 días hábiles. Es el plazo de la Confederación para contestar a Doña Clara Hevia, contado desde que recibe su queja. Los diez días hábiles son los que pueden darse a la interesada para aclarar la queja, y ese requerimiento puede suspender el cómputo (artículo 16.2). Quince días hábiles y un mes no figuran en el precepto. Si no recibe respuesta, puede dirigirse a la Inspección General de Servicios del departamento (artículo 16.3).

Respuesta correcta: c) Procedimiento abierto simplificado.

El reconocimiento médico es un contrato de servicios de 90.000 euros de valor estimado. El procedimiento abierto simplificado cabe en servicios de valor estimado inferior al umbral del artículo 22.1.a de la Ley 9/2017, hoy 140.000 euros, si los criterios sujetos a juicio de valor no pasan del 25 % (artículo 159.1): es el más ágil disponible. La tramitación abreviada del artículo 159.6 solo alcanza a servicios de menos de 60.000 euros, y este los supera. El restringido es ordinario (artículo 131.2), pero con una fase previa de selección de candidatos que lo alarga. Y la negociación solo cabe en los supuestos tasados de los artículos 167 y 168.

Respuesta correcta: d) El importe total sin el Impuesto sobre el Valor Añadido, con prórrogas.

El valor estimado de un contrato de servicios es el importe total, sin incluir el IVA, pagadero según las estimaciones del órgano de contratación (artículo 101.1.a de la Ley 9/2017), y en su cálculo deben tenerse en cuenta las eventuales prórrogas (artículo 101.2.a). Los 90.000 euros del reconocimiento médico comprenden el año inicial y el de prórroga, sin IVA. Las fórmulas que suman el IVA contradicen el artículo 101.1.a, y la que deja fuera las prórrogas, el 101.2.a. El IVA se incluye, en cambio, en el presupuesto base de licitación (artículo 100.1), que es otra magnitud.

Respuesta correcta: a) Las personas jurídicas solo podrán ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones estén comprendidas dentro de los fines, objeto o ámbito de actividad que les sean propios.

El artículo 66.1 de la Ley 9/2017 dispone que las personas jurídicas solo podrán ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones estén comprendidas dentro de los fines, objeto o ámbito de actividad que, según sus estatutos o reglas fundacionales, les sean propios. RECONOCIMIENTOS RÁPIDOS S.L. podrá serlo si su objeto social abarca los reconocimientos médicos. Esa limitación no se aplica a las personas naturales, y pueden contratar personas españolas o extranjeras (artículo 65.1). Y quien preparó las especificaciones o asesoró solo queda excluido si no hay otro medio de garantizar la igualdad de trato, y tras oírle (artículo 70.1).

Respuesta correcta: b) Cinco años, incluyendo las posibles prórrogas.

El artículo 29.4 de la Ley 9/2017 fija para los contratos de servicios de prestación sucesiva, como el reconocimiento médico, un plazo máximo de duración de cinco años, incluyendo las posibles prórrogas que acuerde el órgano de contratación. El contrato del caso, de un año más otro de prórroga, queda dentro. Cuatro años no es el límite de los servicios, y excluir las prórrogas del cómputo contradice el propio artículo 29.4, que las incluye en los cinco años. Solo excepcionalmente cabe una duración mayor, por la recuperación de inversiones o la continuidad de servicios a las personas, y ha de justificarse en el expediente.

Respuesta correcta: a) Quince días a contar desde el siguiente al de apertura de las proposiciones.

Si el único criterio de adjudicación es el precio, el artículo 158.1 de la Ley 9/2017 dispone que la adjudicación deberá recaer en el plazo máximo de quince días a contar desde el siguiente al de apertura de las proposiciones. Con varios criterios, o con el único del menor coste del ciclo de vida, el plazo es de dos meses desde la apertura, salvo otro en el pliego (artículo 158.2). Ambos se amplían en quince días hábiles si hay que tramitar una oferta anormalmente baja (artículo 158.3). Cinco, diez y treinta días no corresponden a ninguno de los supuestos del precepto.

Respuesta correcta: d) Tres por ciento del presupuesto base de licitación, IVA excluido, que se hará efectivo en primer lugar contra la garantía definitiva, si se hubiera constituido.

Si el contrato no se formaliza en plazo por causa imputable al adjudicatario, el artículo 153.4 de la Ley 9/2017 le exige, en concepto de penalidad, el 3 por ciento del presupuesto base de licitación, IVA excluido, que se hará efectivo en primer lugar contra la garantía definitiva, si se hubiera constituido; el contrato se adjudica entonces al siguiente licitador. El 5 % es el porcentaje de la garantía definitiva (artículo 107.1), no de la penalidad. Y la provisional no es la que responde: es excepcional (artículo 106.1) y el procedimiento abierto simplificado no la admite (artículo 159.4.b).

Respuesta correcta: a) 2025 - Documento OK.

Tomamos 2025 como el ejercicio en que se comprometió el gasto. El ejercicio presupuestario coincide con el año natural, y a él se imputan las obligaciones reconocidas hasta el fin de diciembre, siempre que correspondan a gastos realizados dentro del ejercicio (artículo 34.1.b de la Ley 47/2003). La obligación reconocida en diciembre de 2025, por el servicio prestado ese año, se imputa a 2025 aunque el pago material se haga en 2026: el pago no decide la imputación. El reconocimiento de la obligación se registra con el documento OK (apartado sexto.1.n de la Orden de 1 de febrero de 1996 de documentos contables). El documento D registra el compromiso del gasto (apartado sexto.1.f), una fase anterior.

Respuesta correcta: b) Se tendrá que acordar por el órgano de contratación y será obligatoria para el empresario, siempre que su preaviso se produzca al menos con dos meses de antelación según lo indicado en los pliegos.

El artículo 29.2 de la Ley 9/2017 dispone que la prórroga se acordará por el órgano de contratación y será obligatoria para el empresario, siempre que su preaviso se produzca al menos con dos meses de antelación a la finalización del plazo de duración del contrato, salvo que el pliego establezca uno mayor. El Ministerio debe acordarla y preavisar a SIENDO SALUDABLE S.L. con esa antelación. El mismo precepto prohíbe la prórroga por consentimiento tácito de las partes. Y no es potestativa para el empresario: preavisada en plazo, le obliga, salvo que la Administración se haya demorado más de seis meses en el pago (artículo 198.6).

Respuesta correcta: c) El Ministro de Hacienda.

Los ministros pueden autorizar transferencias entre créditos de un mismo programa o de programas de un mismo servicio, siempre que no afecten a los de personal (artículo 63.1.a de la Ley 47/2003). Esta incrementa el capítulo 1, de personal: no puede autorizarla el Ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, ni con informe favorable de la Intervención Delegada. La autoriza el Ministro de Hacienda, competente para las transferencias no reservadas al Consejo de Ministros que los departamentos no pueden acordar (artículo 62.1.a). Y es posible: va de corrientes a corrientes en la misma sección, sin chocar con el artículo 52.1.

Respuesta correcta: c) Generación de crédito.

Son generaciones las modificaciones que incrementan los créditos por ingresos no previstos o superiores a los del presupuesto inicial (artículo 53.1 de la Ley 47/2003), y pueden darles lugar las aportaciones del Estado a los organismos autónomos para financiar gastos comprendidos en sus fines (artículo 53.2.a). Es el caso de la aportación del Ministerio al INAP. El crédito extraordinario es para gastos sin crédito, y la aplicación existe. La ampliación solo cabe en los créditos declarados ampliables (artículo 54.1). Y el suplemento atiende la insuficiencia de un crédito (artículo 56); lo que describe el enunciado es una generación.

Respuesta correcta: c) El Presidente del Organismo Autónomo pudiendo ser avocada la competencia por el Ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública.

En el presupuesto del Estado, la generación por aportaciones del artículo 53.2.a de la Ley 47/2003 la autorizan los ministros (artículo 63.1.b). El artículo 63.2 atribuye a los presidentes y directores de los organismos autónomos, en sus presupuestos, las competencias que ese artículo da a los ministros, «quienes podrán avocarlas en todo o en parte». La aprueba, pues, quien preside o dirige el INAP, y el Ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública puede avocarla: es falso que no quepa avocación. El Ministro de Hacienda y el Gobierno no intervienen: sus competencias (artículos 62.1.b y 61) son otras.

Respuesta correcta: c) No podrá ser superior a cuatro años, salvo que normativamente se prevea un plazo superior, y se podrá acordar unánimemente su prórroga por un periodo de hasta cuatro años adicionales.

El artículo 49.h) de la Ley 40/2015 exige que los convenios tengan una duración determinada, que no podrá ser superior a cuatro años, salvo que normativamente se prevea un plazo superior (regla 1.ª), y permite que, en cualquier momento antes de que termine, los firmantes acuerden unánimemente su prórroga por un periodo de hasta cuatro años adicionales o su extinción (regla 2.ª). Es el régimen del convenio entre el INAP y la Universidad Complutense de Madrid. No caben convenios de duración indeterminada, la prórroga no está prohibida y el límite no es de dos años, ni la prórroga de dos más: son cuatro y cuatro.

Respuesta correcta: b) El acuerdo unilateral por parte de la Administración General del Estado.

El artículo 51 de la Ley 40/2015 dispone que los convenios se extinguen por el cumplimiento de las actuaciones que constituyen su objeto o por incurrir en causa de resolución (apartado 1), y enumera estas en el apartado 2: el transcurso del plazo de vigencia sin acordar la prórroga, el acuerdo unánime de todos los firmantes, el incumplimiento de obligaciones y compromisos de alguno de ellos, la decisión judicial de nulidad y otras causas previstas en el convenio o en las leyes. El acuerdo unilateral de la Administración General del Estado no figura: el mutuo disenso exige unanimidad. Las otras tres causas sí están en el precepto.

Respuesta correcta: a) Título de Bachiller o Técnico o equivalentes.

El artículo 8.1 del IV Convenio Único para el personal laboral de la Administración General del Estado clasifica los grupos profesionales según la titulación exigida para el ingreso. Para el grupo E2, el del proceso selectivo del INAEM, pide el título de Bachiller o Técnico o equivalentes (artículo 8.1.d). El título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria y el Título Profesional Básico son los del grupo E1 (artículo 8.1.e), y al E0 se accede sin titulación prevista en el sistema educativo (artículo 8.1.f). Las titulaciones equivalentes son las que acuerde la autoridad competente en materia de Educación (artículo 8.2).

Respuesta correcta: c) Sin ninguna limitación por razón de la Secretaría de Estado en donde presta servicio.

Los funcionarios deben permanecer dos años en cada puesto de destino definitivo para poder concursar, salvo en el ámbito de una Secretaría de Estado o, en su defecto, de un departamento ministerial (artículo 41.2 del Real Decreto 364/1995). Carmen Pérez está en el INAP, adscrito al Ministerio a través de la Secretaría de Estado de Función Pública, y opta a una plaza del Gabinete de esa misma Secretaría de Estado: no se le exige permanencia mínima. Los dos años, contados desde el fin del plazo de solicitudes (fecha a la que se refieren los requisitos, artículo 41.1) o desde la convocatoria, no le alcanzan, y un año no figura en el precepto.

Respuesta correcta: b) Principio de composición equilibrada de mujeres y hombres, de acuerdo con la normativa vigente en materia de igualdad, que se entenderá cumplido siempre que ninguno de los sexos supere el 60% ni sea inferior al 40%.

El artículo 53 de la Ley Orgánica 3/2007 dispone que la representación de la Administración General del Estado en las comisiones de valoración de méritos para la provisión de puestos se ajustará al principio de composición equilibrada de ambos sexos. Su disposición adicional primera la define: las personas de cada sexo no superan el sesenta por ciento ni son menos del cuarenta por ciento. No exige una paridad exacta del 50 %. Y los representantes sindicales no pueden igualar ni superar en número a los miembros designados a propuesta de la Administración (artículo 46.1 del Real Decreto 364/1995), así que no pueden ser ni iguales ni superiores.

Respuesta correcta: d) Dos meses contados desde el día siguiente al de la finalización del de la presentación de solicitudes, salvo que la propia convocatoria establezca otro distinto.

El artículo 47.1 del Real Decreto 364/1995 fija el plazo para resolver el concurso en dos meses contados desde el día siguiente al de la finalización del de la presentación de solicitudes, salvo que la propia convocatoria establezca otro distinto. Es el plazo máximo del concurso al que opta Carmen Pérez. No es de tres meses, que es el plazo supletorio de la Ley 39/2015 para los procedimientos que no fijan el suyo (artículo 21.3), y no se cuenta desde el inicio de la presentación de solicitudes, sino desde el día siguiente a que esta termina.

Respuesta correcta: a) Sí, podrá interponer, con carácter potestativo, recurso de reposición ante la Subsecretaria, en el plazo de un mes desde su publicación, o bien, recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses desde su publicación.

La Subsecretaría, órgano directivo de rango superior a director general, resuelve el concurso en materia de personal: su resolución pone fin a la vía administrativa (artículo 114.2.c de la Ley 39/2015). Contra ella cabe, potestativamente, recurso de reposición ante el mismo órgano (artículo 123.1), en un mes al ser expresa (artículo 124.1), o directamente recurso contencioso-administrativo en dos meses desde el día siguiente a la publicación (artículo 46.1 de la Ley 29/1998). No cabe alzada, reservada a los actos que no ponen fin a la vía (artículo 121.1). Ni es cierto que solo quepa el contencioso, ni que no quepa recurso alguno.

Respuesta correcta: c) Diecinueve semanas, de las cuales dos semanas pueden disfrutarse hasta que el hijo o la hija cumpla los ocho años.

El permiso por nacimiento de la madre biológica dura diecinueve semanas (artículo 49.a) del texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público). Se reparte en seis semanas ininterrumpidas inmediatamente posteriores al parto, obligatorias y a jornada completa; once más, hasta que el menor cumpla doce meses, y dos para su cuidado, que pueden distribuirse hasta que cumpla ocho años. Es el permiso que tendrá Carmen Pérez. Diecisiete semanas no es la duración vigente, y describir las seis primeras como no obligatorias contradice el precepto, que las declara obligatorias.

Respuesta correcta: b) Quince días naturales.

El artículo 48.l) del texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público concede, por matrimonio o registro de pareja de hecho, quince días, sin decir si son hábiles. Las instrucciones de jornada de la Administración General del Estado (Resolución de la Secretaría de Estado de Función Pública de 14 de abril de 2026, apartado 14.3) disponen que, en los permisos fijados en días, si la norma no dice que son hábiles, se entienden naturales, incluidos los inhábiles. Carmen Pérez, casada en octubre de 2025, tuvo quince días naturales. Ningún precepto habla de quince días hábiles, y veinte días no es la duración de este permiso.

Respuesta correcta: a) Artículo 41 “Transferencias corrientes a organismos autónomos”.

La aportación del Ministerio al INAP financia un gasto corriente del organismo, el del proceso selectivo, sin contrapartida directa: es una transferencia corriente, capítulo 4. La Resolución de 20 de enero de 2014 sitúa en su artículo 41 las transferencias que los distintos agentes prevean otorgar a organismos autónomos de la Administración del Estado. El artículo 71 recoge las transferencias de capital a organismos autónomos, que financian operaciones de capital. El 22, material, suministros y otros, es gasto corriente propio, como el que hará el INAP, no del Ministerio que aporta. Y el 13 recoge las retribuciones del personal laboral.

Respuesta correcta: c) El Ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública.

Corresponde a los Ministros aprobar y comprometer los gastos propios de sus presupuestos, salvo los casos reservados por la ley al Consejo de Ministros (artículo 74.1 de la Ley 47/2003). El gasto del reconocimiento médico lo aprueba el Ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública. Haría falta autorización del Consejo de Ministros si el valor estimado llegase a doce millones de euros (artículo 324.1.a de la Ley 9/2017), y es de 90.000. La Secretaría de Estado no autoriza al Ministro; solo actúa por debajo de los límites que él fije. El Director General del Tesoro ordena los pagos (artículo 75.1), no aprueba gastos.

Respuesta correcta: b) Contrato de suministro.

Son contratos de suministro los que tienen por objeto la adquisición, el arrendamiento financiero o el arrendamiento, con o sin opción de compra, de productos o bienes muebles (artículo 16.1 de la Ley 9/2017). Comprar sillas ergonómicas para el personal es adquirir bienes muebles: suministro. No es de servicios, que son prestaciones de hacer distintas de una obra o un suministro (artículo 17). Tampoco concesión de servicios, que encomienda la gestión de un servicio con derecho a explotarlo y transferencia del riesgo operacional (artículo 15). Y no es privado: el suministro de una Administración Pública es administrativo (artículo 25.1.a).